Llegados a este punto con el ‘caso Pegasus’, al Gobierno solo le queda aplicar la máxima transparencia posible para aclarar un asunto que poco o nada le beneficia
Si una ciudadana de otro país llegara hoy a España e intentara hacerse una idea de la gestión del Gobierno observando lo que se debate en la esfera pública, pensaría que estaba ante algo muy parecido al caos: una parte importante de la oposición lleva reclamando la disolución de las Cortes desde el día siguiente a su constitución, dirigentes destacados de la coalición gubernamental piden dimisiones de ministros y altos cargos del mismo Ejecutivo del que forman parte, cada votación importante en el Congreso tiene emoción hasta el último minuto a ver quién da en cada caso el apoyo imprescindible para ganarla o perderla. La valoración del Gobierno va cayendo mientras la inflación galopa sobre el imaginario y se afianza en las encuestas una posible mayoría conservadora.
Preguntémonos ahora cómo explicarán dentro de un par décadas esta legislatura en las facultades de Historia o de Ciencia Política: primer Gobierno de coalición, en el que participa una formación política sin experiencia en la gestión, y el Parlamento más fragmentado hasta el momento, con 28 organizaciones políticas. Apenas dos meses después de que el Ejecutivo tomara posesión hubo de enfrentarse a una pandemia, y cuando esta aún no estaba del todo vencida, estalló una guerra en la puerta de casa. Sin embargo, en semejante contexto ha sacado adelante leyes de gestión de la pandemia, dos Presupuestos Generales, una reforma laboral que cosecha frutos en creación de empleo e incrementa los contratos indefinidos, una compleja Ley de Cambio Climático, la subida del salario mínimo interprofesional, el Programa de Recuperación, Transformación y Resiliencia, etc… sin olvidar los 13 acuerdos alcanzados de forma tripartita entre Gobierno, sindicatos y patronal. Sigue leyendo en elpais.com
