Una de las cosas más curiosas de estos meses es que los partidos se están viendo obligados a desvelar y precisar su política de pactos (en ayuntamientos y comunidades autónomas) al mismo tiempo que se desarrolla otra campaña electoral (de generales). De esta forma, y como era de suponer, los acuerdos alcanzados para la constitución de los ayuntamientos el pasado sábado, así como los que se van conociendo en las comunidades autónomas, forman parte, guste o no, de esta campaña, adquiriendo, si cabe, un impacto mayor que en otras ocasiones.
El reparto de poder derivado del 28M ha puesto el foco de los acuerdos en el ala derecha, algo que, en el fondo, empezó hace más de un año. En concreto, el 14 de febrero del 2022, día en que se celebraron las elecciones autonómicas de Castilla y León y comenzó una nueva etapa en la política española. Vox había decidido que quería gobernar. Atrás quedaban los tiempos en que prefería influir desde fuera condicionando presupuestos u ordenanzas municipales sin el desgaste que supone la gestión directa. Ese día Vox le dió una sacudida al tablero político español. Eran unas elecciones autonómicas, quedaba más de un año para las municipales, y una vez constituido el Gobierno apenas se le ha prestado más atención que un par de escándalos: la propuesta para que las mujeres que quisieran abortar vieran la ecografía y escucharan el latido del feto, y, ya pasado el 28M, el escándalo de la tuberculosis bovina y el Ejecutivo de Castilla y León enfrentándose a Europa y convirtiéndose en una amenaza para la salud pública. Quizá por eso este tema apenas fue relevante en la campaña electoral, ni la izquierda hizo ver lo que allí estaba ocurriendo.
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