Se puede discutir la pertinencia de nombrar a José Félix Tezanos, destacado miembro del PSOE, presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), y resultan imprescindibles los debates que se han ido sucediendo sobre sus opciones metodológicas. Pero de ahí a investigar al presidente del CIS por prevaricación, apoyándose en que algunos estudios «no acertaron» resultados electorales, hay un paso muy peligroso. Tanto, que ni la abogacía del Estado ni la Fiscalía vieron base para la querella y pidieron que se archivara, pero una jueza la aceptó e imputó al presidente del CIS. La jueza, por cierto, es conocida por haber ocupado altos cargos en gobiernos del Partido Popular.
De la misma forma, la oposición puede y debe pedir explicaciones en el Parlamento sobre la operación que trajo a España al líder del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui Democrática, Brahim Ghali, para tratarle una infección por coronavirus. Mas resulta fuera de lugar que un juzgado de instrucción pretenda imputar por ello a la cúpula de Exteriores e incluso de Defensa y otras instancias gubernamentales que pudieran tener alguna responsabilidad en el caso. ¿Dónde queda el margen de actuación de los ejecutivos?
Estos dos ejemplos, a los que se podrían añadir otros muchos como la declaración de inconstitucionalidad del estado de alarma o la «ilegalidad» del supuesto cierre del parlamento según el alto tribunal, son una muestra de cómo algunas instancias judiciales vienen irrumpiendo en la actividad del actual Gobierno de España, a partir de una interpretación de las leyes que debilita enormemente la percepción pública de la justicia y hace cuestionar su rol en un país democrático. La misma onda ideológica viene inspirando sumarios y sentencias donde la interpretación de la ley desborda la razón jurídica para sumergirse en… Seguir leyendo en infolibre.es