La secuencia es conocida: una sentencia controvertida al diputado Alberto Rodríguez por una supuesta patada a un policía en una manifestación, pregunta posterior de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, para que el Supremo le aclarara qué debía hacer, respuesta un tanto críptica del Supremo, retirada del acta de diputado, anuncio de la formación morada (o de algunos de sus líderes) de su intención de querellarse contra Batet, y finalmente Alberto Rodríguez anuncia que deja su escaño, toda actividad política y su militancia en Podemos. Queda por ver qué papel juega este episodio cuando se escriba la historia de este Gobierno, pero dudo que pase desapercibido.
Una cuestión no baladí: el desencuentro se produce el mismo día que había sido convocada de urgencia la mesa de seguimiento del acuerdo de Gobierno por discrepancias sobre la gestión de la derogación o reforma de la reforma laboral del Partido Popular. Grietas de profundidad que protagonizaron también buena parte de los debates, en los pasillos y en el atril del Congreso de CCOO, ámbito muy cercano a Yolanda Díaz.
Este asunto presenta múltiples derivadas: la controversia jurídica sobre la sentencia, la aclaración del Supremo y la decisión de Batet es una de ellas, sujeta al análisis de los juristas. Políticamente, el análisis debe contemplar, al menos, dos ámbitos: lo que supone para el conjunto de la coalición de Gobierno y lo que deja de ver del interior de Podemos.
La desconfianza que se va agravando en el seno de la coalición es un virus que corroe la salud del Ejecutivo. En todos los gobiernos, incluso en los que son monocolores, existen discrepancias y mecanismos para gestionarlas. En este también. Pero la acumulación de desencuentros va haciendo mella en esa base del acuerdo que es la confianza mutua, sobre todo cuando alguna de las partes entroniza en la categoría de “ética” o “moral” esas discrepancias. Una mirada objetiva ve de inmediato que… Seguir leyendo en infolibre.es