Meses y meses de noticias, columnas (como ésta y otras muchas), análisis y debates sobre la importancia en democracia de llegar a acuerdos; casi los mismos que se lleva insistiendo en la necesidad de renovar órganos constitucionales esenciales en nuestro sistema institucional. Tras un cambio de posición del Partido Popular, se han conseguido esos acuerdos. Sin embargo, la democracia no va a mejorar. Podría argumentarse incluso que empeorará. ¿Qué ha pasado por el camino? El posible nombramiento, los próximos días, de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del Partido Popular.
Conforme los medios de comunicación han ido haciendo su trabajo y poniendo foco en la trayectoria de este jurista, se ha conocido que su nombre aparece en los casos Lezo y Palma ArenaLezo Palma Arena, que ha estado dando clases simultáneamente en universidades públicas y privadas sabiendo que era algo prohibido desde la Ley Orgánica de Universidades del año 2007, y que durante años, y en contra de lo que con claridad determinan tanto la Ley de Incompatibilidades como el Estatuto del Personal de las Cortes, compaginó su puesto de funcionario como letrado del Congreso con el cargo más alto de la empresa Estudios Jurídicos y Procesales SL, que solo en el periodo 2003-2008 ingresó casi un millón de euros por contratos públicos, en su mayoría otorgados por administraciones del PP, como describe aquí Alicia Gutiérrez. Por si fuera poco, mintió en su comparecencia de la semana pasada en la Comisión de Nombramientos del Congreso al afirmar que se había desvinculado de esa compañía en 2017, cuando en realidad, según los documentos oficiales, ocupó el cargo de administrador solidario hasta noviembre de 2020.
En este asunto convergen, al menos, dos temas de enorme calado. En primer lugar, lo relativo a la independencia de los jueces y juezas, asunto en el que suele confundirse la objetividad en el desarrollo de sus funciones con la pretensión de que carezcan de ideología. Como humanos que son, y con una enorme formación en asuntos públicos, es casi imposible pensar que estos servidores públicos puedan quedar al margen de un constructo ideológico. De hecho, ningún humano lo hace. Cosa distinta es no tener una vinculación concreta con un partido y ejercer el cargo con objetividad al margen del dictado de cualquier formación, algo difícil de garantizar en una persona que… Seguir leyendo en infolibre.es