Hace unos días la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, sorprendía con una rotunda intervención en el Congreso de los Diputados en contestación a Espinosa de los Monteros. Aludiendo a quienes de una forma u otra se están viendo beneficiados por las medidas del Gobierno, la vicepresidenta enumeró uno a uno los instrumentos de protección que se han ido aprobando en los últimos meses. La imagen conjunta de todos ellos es rotunda y clarificadora. Tanto, que debería ser mostrada más a menudo.
Sin embargo, y aunque las medidas afectan a una parte importantísima de la población, se sigue teniendo la percepción –en el Ejecutivo y en el ámbito público en general– de que no acaban de ser valoradas. ¿Quién se siente fuera de estas medidas de protección? Esta pregunta, que flota en el ambiente hace meses, la entiende bien uno de los sectores que más pueden verse afectados, tanto en términos económicos como de reputación, si la situación económica se agrava: los bancos.
Enfrascados en el debate sobre el impuesto a los beneficios extraordinarios y con la pérdida de reputación ocasionada por los desahucios y el rescate nunca devuelto en la crisis de 2008, en estos momentos el Gobierno y la Banca están buscando la manera de gestionar los efectos de la contundente subida del Euríbor que ha disparado las hipotecas de miles de familias. Para ello se proponen modificar el Código de Buenas Prácticas, elaborado en el contexto de la crisis financiera de 2008 y en vigor desde 2012, y redefinir el concepto de “cliente vulnerable”, eliminando o modificando algunos de los requisitos para ser clasificado así. La negociación está en marcha y es pronto para saber cómo acabará. Pero más allá del resultado final, hay elementos que merece la pena subrayar.
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