El informe del Consejo de Europa sobre prevención de la corrupción señala los limitados avances del Gobierno en los últimos años.
El nuevo ciclo político que se inició con la moción de censura tuvo su fundamento en acusaciones de corrupción y en la percibida incapacidad del gobierno entonces existente de dar un giro hacia la integridad en su forma de hacer política. Dentro de dos meses se cumplen 4 años desde la aprobación de la moción y, por desgracia, los avances en la lucha contra este grave problema no alcanzan las expectativas suscitadas entre una población que vio con esperanza el comienzo del nuevo ciclo.
La publicación del informe derivado de la quinta ronda de evaluación del GRECO (Consejo de Europa), sobre “prevención de la corrupción y promoción de la integridad en los gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas, PTEF) y en las fuerzas y cuerpos de seguridad (LEA)” nos muestra los limitados esfuerzos que se han hecho en este ámbito en los últimos años. Es cierto que la pandemia y la polarización política existente en el país han dificultado la adopción e implementación de medidas anticorrupción. Pero la obligación moral de un gobierno nacido de la moción de censura era cumplir, para empezar, con la obligación, derivada de nuestra ratificación de la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, de diseñar y aprobar una estrategia holística de prevención y lucha contra la corrupción. Por desgracia, esa opción se desechó, a pesar de la petición hecha por diferentes asociaciones cívicas de que se empezara la legislatura con ese mensaje claro de apoyo a la integridad en la acción de gobierno. Sigue leyendo aquí
