Aún no se conoce con detalle cómo se produjo la muerte de los periodistas españoles David Beriain y Roberto Fraile cuando realizaban un documental sobre la destructiva presión que sufre el parque nacional de Arli, en Burkina Faso, cuyos recursos están siendo expoliados, de manera superpuesta o concertada, por furtivos, traficantes y yihadistas. Al parecer, habrían sido estos últimos quienes emboscaron a un convoy de las fuerzas de protección de dicho parque con las cuales se desplazaban los dos reporteros junto a un conocido ecologista irlandés, Rory Young. Los tres fueron víctimas mortales del ataque.
Pese a las confusas circunstancias de esta matanza y a su probable vertiente política, no parece fuera de lugar situarla en la creciente espiral de violencia e intimidación que acecha al periodismo medioambiental en el mundo –también en Europa, que conste–, pero sobre todo en Asia y América. El precio que están pagando decenas, si no cientos, de informadores por investigar y denunciar atentados contra la naturaleza a cargo de administraciones públicas, empresas, grupos del crimen organizado, bandas armadas o guerrillas insurgentes es cada vez más alto. El último informe al respecto de Reporteros sin Fronteras, Alerta roja para el periodismo verde: 10 muertos en 5 años, documenta con dramática precisión el caso de numerosos informadores, con nombres y apellidos, asesinados por las “mafias de la arena” de India o por las propias autoridades de Borneo; por empresas occidentales supuestamente respetables o por caciques regionales que destruyen ecosistemas de gran valor y disponen de bandas armadas para imponerse. La explotación del medio ambiente puede ser un gran negocio, capaz de sostener ejércitos privados en algunos estados débiles, o de violar la legalidad en cualquier lugar del mundo con la connivencia de políticos y funcionarios corruptos.
Que los yihadistas del Sahel estuviesen actuando en Burkina Faso para beneficiarse de la caza furtiva o del tráfico de especies no sería ninguna novedad. A finales del siglo pasado, los Khemeres Rojos camboyanos, con la complicidad de altos jefes del ejército tailandés, arrasaron los bosques de su propio país y vendieron la madera para financiarse. En África central, como antes en la banda guineana, la explotación forestal sin freno y la caza de animales salvajes cuyos colmillos, piel, cuernos o huesos son especialmente valiosos van de la mano del tráfico ilegal de diamantes o la extracción descontrolada de “tierras raras”. Grupos rebeldes de todo tipo, armados y manejados por agentes y corporaciones occidentales, están en ese negocio y han logrado en muchos casos generar agujeros negros informativos silenciando cualquier posibilidad de que se denuncien sus fechorías. En esta época, caracterizada por una sobreactividad comunicativa, no solo afrontamos la epidemia de los bulos y las mentiras, sino que carecemos de la más mínima noticia sobre lo que ocurre en enormes áreas del planeta.
Reporteros sin Fronteras ha seguido en el último lustro 53 casos de serias agresiones al derecho a la información medioambiental. De los diez periodistas muertos en este periodo, nueve lo fueron ejecutados a sangre fría -2 en Colombia, 1 en México, 1 en Filipinas, 1 en Birmania y 4 en India – y otro más falleció en circunstancias altamente sospechosas cuando se encontraba bajo custodia de las autoridades en… Seguir leyendo en infolibre.es