La que se debatirá martes y miércoles en el Congreso de los Diputados es la sexta moción de censura presentada contra un Gobierno de España en este periodo democrático. Los ejecutivos autonómicos han tenido que afrontar nada menos que 25 a lo largo de los años. Salvo la que planteó el PSOE contra Mariano Rajoy en 2018, motivada por la sentencia Gürtel y su afirmación de que existían prácticas de corrupción institucionalizada en el Partido Popular, ninguna tenía posibilidades de llegar a buen puerto. Sólo ésta, la que resultó exitosa, tenía argumentos sólidos para ser presentada y consiguió recabar los suficientes apoyos parlamentarios.
Esta trayectoria ha llevado a normalizar la moción de censura más como un instrumento de propaganda política que como lo que pretendieron realmente quienes la instituyeron; es decir, un “instrumento para exigir la responsabilidad política del Gobierno”, según el artículo 113 de la Constitución. No un instrumento cualquiera, sino el más duro de todos, porque, de prosperar, el/la presidente del Gobierno está obligado a presentar su dimisión ante el Rey, quien deberá nombrar nuevo presidente/a a quien haya sido propuesto en la propia moción de censura, en virtud de su carácter constructivo.
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