Acertó Sanchez aceptando el envite de Feijóo de acudir al Senado a hablar del plan de ahorro energético y la estrategia para encarar la difícil situación energética en que Putin está dejando a Europa. En términos de lógica democrática, es fundamental que los líderes políticos debatan en sede parlamentaria los asuntos clave y muestren allí sus propuestas para hacerles frente. Se aleja así el Gobierno de esa crítica que le llega desde izquierda y derecha por acudir poco a debatir a las Cámaras y hacerlo sólo a última hora y cuando las propuestas están más que cocinadas. Cuando Feijóo lanzó la propuesta probablemente no esperaba que se aceptara. Solo así se entiende que minutos después se quejara de que el presidente del Gobierno aceptara su envite y lo acusara de querer hablar “sólo” de energía, tal como él mismo había pedido. Estamos ya en campaña y parece que todo vale. Ahora Feijóo se examinará en el Senado, en septiembre, tras la derrota que supuso para el PP el debate de política general del mes de julio, en el que el líder de los populares ni siquiera intentó intervenir.
El debate del martes en el Senado servirá para contrastar, fundamentalmente, las ideas de unos y otros sobre la situación energética. Si echamos un vistazo a lo que han hecho el resto de países europeos (aquí se puede ver un resumen) se comprobará que buena parte de las primeras medidas orientadas al ahorro son compartidas por unos y otros Estados, sean gobernados por socialistas, liberales o conservadores. Límites a la iluminación superflua como la de los escaparates por la noche o los monumentos, regulación de la temperatura máxima y mínima en lugares públicos, fomento de la eficiencia, etc. ¿Tiene el Partido Popular otras medidas alternativas a las que han aplicado también sus socios europeos? Esta es la clave del debate, porque la obsesión fiscal de los conservadores, la cantinela de bajar impuestos, puede ser útil en algunos casos, o no, pero no pasa de ser una subvención indirecta cuyo coste corre por cuenta del erario. Es curioso cómo la derecha pretende reducir los ingresos públicos mientras reclama que los Presupuestos Generales destinen más y más recursos a apuntalar el sector privado.
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