La democracia en España es un sistema sólido, consolidado y robusto que sitúa a nuestro país en las primeras posiciones de los índices mundiales sobre el estado y funcionamiento de esta forma de organización política,1 por encima de países con democracias más antiguas y más ricas en términos de Producto Interior Bruto. Esta realidad incuestionable también se refleja en las percepciones y las actitudes de la ciudadanía. Un porcentaje mayoritario de los españoles, 8 de cada 10, considera que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno2 y que el punto más fuerte de la Unión Europea es el respeto por la democracia, los derechos humanos y el estado derecho, por encima del poder económico, industrial y comercial o las buenas relaciones de solidaridad entre los estados miembros.3
Sin embargo, y como ocurre en Europa, la articulación de la democracia en España muestra cierto desgaste. Cuando se pregunta a la ciudadanía sobre su funcionamiento en la actualidad apenas obtiene el aprobado mientras que cuando se pregunta por cómo estaba hace diez años la nota es superior al 6.4
El cuidado de la democracia es un reto que no sólo compete y afecta a nuestro país. Los avances democráticos a nivel mundial conseguidos en los últimos 35 años han retrocedido significativamente incluso en países próximos y pertenecientes a la Unión Europea.5 Cuestiones que sustentan la democracia como la calidad de la información, así como el libre desempeño de los derechos políticos requieren de actuaciones urgentes para preservarlos y fortalecerlos. Porque defender la democracia implica algo más que palabras o proposiciones, exige una apuesta estratégica, el desarrollo de mecanismos y la toma de medidas que la protejan e incentiven su calidad.
El presente «Plan de Acción por la Democracia» materializa y profundiza en las recomendaciones en esta materia adoptadas por la Comisión Europea en 2020 y 2023 conservando los preceptos de la Constitución Española y reforzando la transparencia de nuestra democracia. Así, este plan aborda cambios del poder ejecutivo y de los medios de comunicación y propone reformas al poder legislativo para reforzar el derecho a la libertad de expresión y garantizar el derecho a la información veraz recogido en el artículo 20 de la Constitución Española.
Con este punto de partida, el Plan se desarrolla sobre 3 ejes de actuación: (1) poder ejecutivo y gobierno abierto; (2) medios de comunicación y garantía del derecho de los ciudadanos a una información veraz; y (3) poder legislativo, que a su vez se materializan en once líneas de actuación y 31 medidas, en un ejercicio de transversalidad y con la intención de llegar a los puntos clave de la democracia. Más allá de la predisposición o la apuesta decidida por la democracia de este Gobierno, existe una vocación clara por concretar esta voluntad en un paquete de medidas que ayuden a proteger y regenerar la democracia en España.
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