El escenario multipartidista en que se desenvuelve hoy la política española, y la presencia de la ultraderecha, obligan a plantear estrategias que blinden los valores democráticos y a la vez eviten los bloqueos institucionales.
Un año más, y ya son muchos, la conmemoración del 6 de diciembre ofreció a cada cual la oportunidad de elaborar su lista de reformas constitucionales pendientes para pasar de inmediato a constatar su imposibilidad. La situación actual conduce a un doble retroceso: el que deriva de la emergencia de la ultraderecha, que obliga a tener que volver a defender valores constitucionales básicos que se consideraban asentados, y el de la imposibilidad de contar con acuerdos transversales que permitan abordar las nuevas realidades. En un mundo más que líquido, casi gaseoso, lo que no permite avanzar obliga a retroceder.
Cuando un partido con representación parlamentaria impide que se apruebe una declaración institucional contra la violencia machista o contra el estigma de los enfermos de VIH, es preciso recuperar los principios básicos de cualquier democracia avanzada, y retroceder nada menos que hasta la defensa de los derechos humanos.
Por otro lado, los vetos cruzados entre partidos de bloques contrarios impiden que se establezcan acuerdos transversales para los nuevos desafíos. La desigualdad creciente, el cambio climático, la revolución digital, los movimientos de población o el modelo de globalización vigente, entre otros, no esperan a que sus señorías se pongan de acuerdo. Avanzan al ritmo de la tecnología o las finanzas, ámbitos muy fluidos, mientras la política mantiene la lentitud de lo sólido. Así pasa el tiempo, y cada vez son más los análisis sobre temas dispares que acaban diagnosticando problemas de… Seguir leyendo en elpais.com
