Que más de 40 años después de desaparecido el dictador todavía existan problemas para avanzar en asuntos tan básicos dice poco de la capacidad del entorno político español
La recién presentada Ley de Memoria Democrática se plantea situar a las víctimas del franquismo en el centro de las políticas de memoria, busca su reparación y la verdad, y pretende equiparar la normativa española a la de otros países europeos que también sufrieron dictaduras. Tras más de cuarenta años de democracia, es toda una anomalía que sea necesaria una ley así. Y todo un anacronismo el tipo de debates que está despertando.
Con esta Ley se quiere dar un paso más allá de lo que fue capaz su antecesora, la Ley de Memoria Histórica, en asuntos claves como la nulidad de las condenas emitidas por tribunales franquistas, la asunción por parte del Estado de exhumaciones, censo y banco de ADN, la resignificación del Valle de los Caídos o la actualización de los contenidos curriculares para que la represión franquista se enseñe a nuestros adolescentes. Todo ello de acuerdo con las recomendaciones internacionales y los estándares europeos.
Es una auténtica rareza que hoy, en Europa, sea necesaria esta Ley. El hecho de que más de 40 años después de desaparecido el dictador todavía existan problemas para avanzar en asuntos tan básicos dice poco de la capacidad del entorno político español. Y digo político y no social porque no existe indicador alguno de que, más allá de los nostálgicos consabidos, existan dudas entre la ciudadanía sobre cómo se inició la Guerra Civil o lo que… Seguir leyendo en elpais.com
