Este país necesita afrontar transformaciones esenciales. Una de ellas, y no la menos importante, tiene que ver con la participación, la transparencia, la evaluación sistemática y la rendición de cuentas
Enfoques a corto, medio y largo plazo; cuatro objetivos transversales; diez “políticas palanca” con sus 30 “componentes”; y 70.000 millones de euros para invertir entre 2021 y 2023 con el objetivo de modernizar la economía española, entendiendo por tal, como la Unión Europea ha definido, su digitalización y transición ecológica.
No han faltado adjetivos ni comparaciones con los grandes momentos de la Historia reciente española para definir España Puede, el plan que el Gobierno enviará a la Comisión Europea en unos días para determinar el destino de los fondos Next Generation UE, y no es para menos. La transversalidad de las políticas que abarca, la magnitud de los fondos disponibles, y sobre todo la necesidad de la que parte, no aconsejan otra cosa y obligan a hacer de éste un “Proyecto país”.
Un proyecto de país no solo pertenece al Gobierno, ni a las Administraciones Públicas, ni a las empresas o agentes sociales. Un proyecto de país es de todos estos agentes y otros más, tanto de los que tienen hoy responsabilidades en organismos públicos, privados y sociales, como de los que pueden tenerlas en el futuro.
Tanto es así que este programa, consciente de la complejidad que encierra, propone medidas a ejecutar entre 2021 y 2023, y deja deliberadamente pendiente lo restante hasta 2026. Esto, que podría considerarse un ejercicio de prudencia, resulta confuso al carecer del instrumento fundamental que… Seguir leyendo en elpais.com
